Tomado de ConnectasOrg

Siempre se ha dicho que los paraísos fiscales están repletos de dólares con aroma colombiano. Fortunas construidas a punta de cargamentos de cocaína, tráfico de armas, extorsiones, secuestros y desfalcos millonarios al erario. Pero la realidad es que en Colombia no solo los sospechosos de siempre tienen dinero en estos países de reputación incierta y secretos de acero.

A juzgar por los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por Connectas, las fortunas ocultas en estos destinos provienen mayoritariamente de personas con importante notoriedad en la vida empresarial, social y pública del país.

La información es parte de las revelaciones de 'Panama Papers', una gigantesca filtración de información que a través de 11.5 millones de documentos, expone la operación de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es la de abrir empresas de papel en paraísos fiscales, lo que facilita ocultar el rastro del dinero y evadir la vigilancia de las autoridades.

El mayor activo de esta empresa es el de guardar el secreto de quienes participan de estas transacciones, algo que queda expuesto con esta investigación periodística global, que tuvo acceso a 2.6 terabytes de información, con detalles de más de 14.000 de sus clientes, y que fue revisada por un centenar de medios en 77 países.

En Colombia, la firma -conocida también como Mossfon o sencillamente MF-, ocupa el tercer piso de un sobrio edificio de grandes ventanales en la carrera 14 No. 93-40 de Bogotá. Ahí reposan los secretos de más de 800 inversionistas colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño.

En su gran mayoría clientes de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Aunque el número puede ser superior, pues gran parte de las empresas ficticias se esconden detrás de acciones al portador. Es decir que el nombre de los verdaderos dueños no aparece por ningún lado, lo que hace difícil su rastreo. Hay además colombianos que registraron sus operaciones en las sedes de MF en Miami, directamente en Panamá o en cualquiera de las más de 40 oficinas que el bufette tiene en el mundo.

Son múltiples las razones para tener recursos a través de empresas fachada. Van desde la facilidad para el manejo de operaciones internacionales, la prudencia para no dejar un patrimonio expuesto a la delincuencia o como una forma de ocultar riquezas en procesos de separación o sucesión. Y por supuesto las que encienden las alertas de las autoridades: ocultar dineros de origen ilícito y evadir de impuestos. Es por eso que cada vez más a nivel global se persigue con mayor severidad los llamados capitales offshore.

El fracaso colombiano

En 2014 Colombia buscó coger el toro por los cuernos al declarar a Panamá como paraíso fiscal. Así quienes tuvieran transacciones con este país deberían pagar impuestos tan altos, prácticamente impagables por una actividad legal. Pero el Gobierno no soportó la presión. Por un lado la ejercida por el Gobierno del istmo y, por el otro, la de grandes ‘cacaos’ colombianos que pusieron contra las cuerdas al presidente Juan Manuel Santos por una medida que consideraron se había implementado a la ligera. La imposición duró un par semanas y como fórmula salomónica se acordó una mesa de negociación. El punto central de Colombia es lograr información de quiénes son los colombianos con inversiones en ese país, para buscar que paguen sus impuestos.

Ha pasado más de un año, se han anunciado prórrogas a los tiempos propuestos, y se ha compartido la sensación de que las conversaciones avanzan por buen camino. Sin embargo, Connectas logró establecer que están en un punto muerto. Ambos países llegaron sin acuerdo a sus 'íneas rojas', que en el argot de estas negociaciones corresponde a los inamovibles. Colombia mantiene el espacio, pues no quiere reabrir de nuevo la tensión política internacional con el vecino país, ni quiere debilitarse con los empresarios colombianos de quienes necesita respaldo para sacar adelante las negociaciones con la guerrilla.

Ahora con las informaciones de 'Panamá Papers' se revela que las trabas para llegar a un acuerdo entre Colombia y Panamá en materia tributaria tienen un componente adicional. Varios de los principales negociadores y voceros diplomáticos del Istmo están metidos hasta la coronilla en el negocio de las empresas offshore.

Los negocios de los negociadores

Más allá de las posturas tributarias que defiende cada país, una de las razones que explicaría la falta de avance en las negociaciones pasa por los estrechos vínculos de al menos tres de los protagonistas de la mesa de lado panameño con la constitución de empresas de papel. Se trata del vicecanciller Luis Miguel Hincapié, el asesor de la Cancillería, Gian Castillero, y el abogado Raúl Castro. Ellos, además de participar en las negociaciones con Colombia, también están en las conversaciones que Panamá adelanta con el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En los hallazgos periodísticos se evidencia cómo estos negociadores están vinculados a cientos de empresas. En la mayoría es evidente que sus directores no son empresarios, sino prestanombres. Incluso, algunas de esta firmas fachada han resultado involucradas en escándalos internacionales.

En el Istmo no es extraño el doble rol de negocios y política. Actividad que se concentra principalmente en la élite panameña. “Es un país chiquito”, repiten los locales, y según hace carrera, como son pocos los preparados para ocupar altos cargos entonces es normal que los abogados de las firmas prominentes o los empresarios exitosos sean quienes gobiernen. El argumento parece ser: lugar chico, poca gente, muchos cargos.

Por esta vía es que en la élite de Panamá no despierta la más mínima inquietud que Ramón Fonseca Mora, fundador y dueño de Mossack Fonseca & Co., sea Ministro Consejero y presidente del partido de gobierno de Juan Carlos Varela, su entrañable amigo. A mediados de marzo de 2016 pidió licencia como Ministro Consejero cuando MF se vio involucrada en el caso de corrupción que lanzó a los brasileros a las calles. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado en septiembre de 2014 como cónsul general en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Mientras su hermano, Alfredo Fonseca Mora, es director General de Autoridad Aeronáutica Civil desde agosto de 2014. Por su parte, su socio, Jurgen Mossack, integra el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Son varios los que han buscado sacar el mejor provecho de la forma como Panamá esconde sus secretos, más aún cuando el salvaguarda es la firma del que le habla al oído al Presidente de la República. Marcelo Odebrecht, el exCEO de la multinacional constructora brasilera y cuyo escándalo de corrupción tiene a la presidente Dilma Rouseff en el centro de la controversia, el expresidente sirio Bashar al Assad, el dictador libio Muammar Gaddafi o el empresario argentino amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, son algunos de los que quisieron sacar partido. Al final se zambulleron en escándalos de corrupción internacional por lavado de dinero y con eso pusieron en la mira a Mossack Fonseca.

Cómo armar las sociedades

A diario cientos de personas abren empresas en las sucursales que estos bufettes tienen por todo el mundo. Solo llenan algún formulario y firman un contrato. En tres o cinco días tendrán una sociedad sin su nombre a la vista: una máscara para moverse en el sistema financiero y girar grandes sumas bajo un secreto infranqueable y sin pagar impuestos. A su vez esta empresa puede buscar otros destinos con los cuales proteger aún más su secreto. Estas firmas se encargan de abrir sociedades en Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Nevada, Luxemburgo o cualquiera de los destinos laxos en regulación y que permiten mover fortunas de un lugar a otro para despistar cualquier tipo de control.

Comenzar una empresa cuesta unos 350 dólares para los pagos en el Registro Público de Panamá, los honorarios de los abogados y un capital de inversión inicial de 10.000 dólares. ¿Quiere que su nombre no figure? Claro, quédese tranquilo que aquí ni los directores ni los dignatarios, que son los que figuran, tienen que ser accionistas, que son los verdaderos dueños. ¿Quiere una cuenta bancaria? Cómo no, hay asistencia para la apertura a nombre de la sociedad ya sea en Panamá o el extranjero. ¿Cuánto? Calcule unos 1.250 dólares. ¿Quiere olvidarse de esa empresa y que MF se encargue de los contratos, la presentación de actas, el pago de tasas? La firma ofrece servicios legales de hasta 10 horas por mes desde 1.700 dólares. Si el tiempo de dedicación lo excede, le pasa factura por hora. ¿Quiere residencia o permiso para trabajar en Panamá? Puede obtenerlo por 2.250 dólares. ¿Una compañía en Islas Vírgenes Británicas (BVI?) También, por un costo base de 910 dólares más 400 por mantenimiento. ¿Quiere montar una estructura internacional que conecte empresas en Panamá con otra en UK o Islas Vírgenes o Hong Kong o Seychelles o todas esas juntas? Por supuesto que sí, se le tiene!

Ramón Fonseca defiende su negocio con una metáfora: “Es como un carro: usted compra uno, la agencia le dice que es el agente de esa marca, que lo lleve a hacer chequeo cada seis meses, pero usted se lleva el auto. Usted hace lo que sea con él. Si roba con él, eso no es culpa de la agencia, ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable“, dice.

Sin embargo, en los documentos revelados de la estructuras transnacionales de Mossfon se evidencia que sus consejos en más de una oportunidad parecen haber cruzado la línea, pues prestan asesorías sobre cómo utilizar estas empresas para justificar cuentas y mucho más que lograr las denominadas “eficiencias tributarias”.

Uno de los servicios que Mossfon ha acompañado es el que denominan “refacturación”. Se trata de emitir facturas por servicios a través de empresas de papel para así justificar gastos en empresas colombianas. De no prestarse el servicio, por esta vía se estarían incluyendo gastos inexistentes en las contabilidades y así se reducirían los impuestos a pagar por utilidades.